Como respuesta al malestar transmitido por los gremios estatales (de manera verbal y en las calles) y, posiblemente, con el objeto de enviar una señal de acercamiento para aminorar las tensiones de cara a las negociaciones paritarias que se avecinan, el Gobierno de Tucumán resolvió suspender hasta el 31 de marzo la reducción de extensiones horarias y horas extras al personal que se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo (PE) de la provincia. Junto con la suspensión de la última revisión de la “cláusula gatillo”, este era uno de los puntos que más provocaba asperezas con los sindicatos.

A través del Decreto Acuerdo 5/1, que lleva la firma del gobernador y de todo su Gabinete, se dispuso en su artículo 11 que se suspenda el artículo 2 del Decreto Acuerdo 1/1 del 6 de enero, en el que se instruía a los minutos del PE a reducir dichas las erogaciones al 50% a partir de 1 de febrero.

La norma, que sale publicada hoy en el Boletín Oficial, está rubricada por Manzur y los ministros Eduardo Garvich (Economía); Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia); Miguel Acevedo (Interior); Claudio Maley (Seguridad); Juan Pablo Lichtmajer (Educación); Rossana Chahla (Salud); Gabriel Yedlin (Desarrollo Social).

“Bastante alivio”

“Todos los planteos que han realizado los gremios en el Ministerio de Gobierno y Justicia fueron escuchados por el gobernador, que hizo los esfuerzos necesarios con el ministro de Economía para realizar esta suspensión”, expresó Vargas Aignasse a este diario.

La funcionaria destacó que esta determinación “traerá bastante alivio” a los a empleados estatales, y ejemplificó que en un trabajador de categoría 18 (la inicial) la extensión horaria representa unos $ 4.000, aproximadamente. Además, aclaró que a los trabajadores a los que se les haya reducido la carga horaria como consecuencia del Decreto 1/1, está medida sí va a impactarles en el salario.

La extensión horaria es un monto adicional que se le paga al agente público para que trabaje tres horas más al día y no desdoble el horario laboral. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas revelaron que con estas reducciones el Gobierno estimaba un ahorro cercano a los $ 40 millones mensuales (la planta de trabajadores de la Provincia ronda los 110.000 trabajadores). Sin embargo, aclararon que la cantidad de beneficiarios del sistema depende de cada sector. En ese sentido, explicaron que hay reparticiones como Tesorería o Contaduría donde se hace uso de este ítem porque los empleados se quedan más tiempo de lo regular.

Vargas Aignasse agregó que la decisión del Ejecutivo fue tomada en vistas de aliviar al empleado público entendiendo que la situación general del país atraviesa momentos complejos.

La decisión del Gobierno se da exactamente un mes y medio después de que viera la luz el Decreto Acuerdo 1/1 para achicar el gasto público y luego de las reuniones que mantuvo Manzur la semana pasada en la Casa Rosada para gestionar más aportes financieros. El sábado, en el encuentro con el presidente Alberto Fernández, el mandatario había planteado una ayuda a mediano plazo de $ 3.000 millones para salarios.

Cláusula sin definiciones

Por decreto, la Casa de Gobierno suspendió apenas comenzado el año la aplicación del último tramo de la “cláusula gatillo” en los salarios de los estatales. Esa indexación por inflación debía incorporarse a los haberes de diciembre, pero quedó en suspenso. Hasta ahora, desde el Ejecutivo no se brindaron explicaciones sobre qué ocurrirá con ese porcentaje (según los gremios es del 15%). No obstante, Manzur hizo propias las expresiones vertidas por el Presidente respecto a la revisión por inflación. “No hay más ‘cláusula gatillo’. El gobierno se ha expresado y el propio presidente de la Nación lo dijo. El ministro de Trabajo (Claudio Moroni) también. No existe más la ‘cláusula gatillo’. Nosotros tenemos que ver cuál es la mejor solución como siempre lo hicimos: trabajando en forma continua”, había expresado hace un mes.

El Decreto Acuerdo 1/1 contiene un paquete de medidas de ajuste de gasto público en un contexto financiero adverso. Se dispuso que los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo queden congelados por 180 días. La Casa de Gobierno, además, restringió los fondos para traslados aéreos, viáticos y gastos de cortesía. El achique comprendió, también, la reducción (y hasta la eliminación en determinadas áreas) de las erogaciones en combustibles, alquileres de inmuebles, telefonía celular y adquisición de bienes de capital (bienes durables que se incorporan al patrimonio del Estado).

Fuente: La Gaceta