El protocolo presta especial atención a la declaración de la persona que atravesó una situación de violencia sexual.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó ayer un nuevo protocolo para la investigación y tratamiento judicial de casos de violencia sexual con perspectiva de género, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Según informaron fuentes oficiales, la guía fue aprobada el miércoles mediante la Resolución 16/2023 firmada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, que puso en vigencia el “Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual”.

"Es una herramienta para guiar la actuación de las fiscalías en la investigación y litigio de estos casos, con perspectiva de género", precisó en su cuenta de Twitter la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, quien encabezó la elaboración del protocolo.

Asimismo, Labozzetta, quien destacó también la "crucial colaboración" de ONU Mujeres, agregó: "Es el orgulloso resultado de un trabajo colectivo con fiscales, expertas, medicxs, forenses y distintas áreas de trabajo del Ministerio Público Fiscal, a quienes agradecemos enormemente".
 

Después de un largo proceso de trabajo, tenemos en Argentina el PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES. Es una herramienta para guiar la actuación de las fiscalías en la investigación y litigio de estos casos, con perspectiva de género.

El protocolo

El protocolo, cuyo uso se recomendó a los y las representantes del MPF, supone "una novedosa herramienta a nivel nacional" alineada con los estándares internacionales "de debida diligencia reforzada exigibles al Estado argentino", indicó el MPF mediante un comunicado.

Se trata de una herramienta para que las y los fiscales orienten su actuación en el proceso "de manera eficaz e incorporando la debida perspectiva de género" en la investigación, así como en las etapas de debate y ejecución de la pena.

El protocolo cuenta con 15 capítulos en los que se abordan cuestiones relativas a violencia sexual, el consentimiento, los estándares internacionales aplicables a la investigación de estos hechos y el diseño de una teoría del caso en procesos penales por violencia sexual.

Asimismo, en uno de sus capítulos se abordan las primeras medidas de prueba, en función del tiempo transcurrido desde el hecho y el tipo de abuso, y también las medidas de prueba sobre el agresor.

El protocolo presta especial atención a la declaración de la persona que atravesó una situación de violencia sexual dado que su testimonio es considerado "generalmente la principal prueba directa de la comisión del hecho", precisaron.

En ese sentido, la guía brinda pautas para la obtención, conservación y valoración de la prueba testimonial de la persona agredida con perspectiva de género, con especial consideración al relato que presenta imprecisiones, que no es reciente, y a la retractación, conforme a las leyes 26.485 y 27.372.

Además, el protocolo profundiza también en los derechos de las personas agredidas sexualmente y de testigos, las pautas para el debate de este tipo de casos y las principales previsiones de la ejecución de la sentencia.

Para la elaboración de este documento, la UFEM llevó adelante un proceso durante 2020 y 2022 que incluyó mesas de trabajo con fiscales, expertas en la temática, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y profesionales del ámbito de la salud y pericial, indicaron.
 

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