La defensa técnica de Patricia Gómez, de 36 años, requirió esta mañana la impugnación con el objeto de apelar la prisión preventiva que cumple la acusada por el delito de favorecimiento doloso de evasión, en calidad de autora.

El auxiliar de fiscal, Guillermo Di Lella, en representación de la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, al mando de Pedro Gallo, pidió que no se haga lugar a lo presentado y que se confirme la resolución respecto al cumplimiento de la prisión preventiva por 88 días en la Unidad 4, de Banda del Río Salí.

Finalmente, el juez, Carlos Caramuti, hizo lugar al recurso de apelación por parte de la defensa de Gómez y otorgó el cese de las medidas cautelares de máxima intensidad. Asimismo, el magistrado dictó una sustitutiva que implica la libertad para la imputada, no en forma inmediata sino mediata, de acuerdo al cumplimiento de requisitos para garantizar los fines del proceso. Ellos son: no obstaculizar la investigación; fijar y mantener un domicilio (en caso de cambiarlo, pedir una autorización al juez); prohibición de realizar cualquier acto que obstaculice las medidas de pruebas (por ejemplo, influir sobre testigos); deberá permanecer a disposición del tribunal y concurrir cuantas veces se la cite; obligación de presentarse periódicamente (todos los días lunes) a la comisaría más cercana a su domicilio; prohibición de salir de la provincia y de la ciudad donde reside (Monteros) sin previa autorización judicial (en función de que tendría un familiar en una provincia fronteriza); prohibición de visitar en su lugar de alojamiento a Rejas y tomar contacto con otras personas imputadas por el mismo delito; y la caución de un millón de pesos (que se fijará en una audiencia a fin de garantizar el sometimiento a proceso).

La teoría del caso

Según la Fiscalía, la imputada facilitó vías de escape a Roberto Carlos Rejas mientras se encontraba detenido en la División de Bomberos y al ser ella integrante del cuerpo docente de la Escuela Julio Argentino Roca, lindante a ese inmueble, donde el día de la fuga (27 de septiembre) no se presentó a trabajar, por una licencia. “Gómez no fue a propósito para no verse involucrada en la evasión ya que presta servicios en esa escuela”, argumentó el Auxiliar de Fiscal. Entre otras evidencias, se cotejó el auto de la imputada (un Volkswagen Fox de color negro) con el registro de las cámaras de seguridad, junto al testimonio de un testigo de Villa Quinteros que ubican al prófugo a bordo de ese rodado pidiéndole referencias para ingresar a Monteros, por un camino interno, argumentando que no contaba con papeles por lo que temía por un control vehicular. 

“No es una evasión cualquiera, se trata de una persona peligrosa condenada por doble homicidio agravado por el vínculo. Se fundamenta por las características del hecho, la escala penal de evasión, la extensión del daño y el peligro causado donde se frustró el acceso a la justicia por parte de las víctimas, el despliegue de las fuerzas y la familia y otros actores por el temor fundando”, expuso Di Lella.

Además, el investigador se refirió a los riesgos procesales y el entorpecimiento de la investigación por la existencia de co-imputados donde la imputada “puede influir para que declaren falsamente”. Posteriormente, Di Lella se refirió a las evidencias que faltan por producirse (los celulares e información de los movimientos bancarios) que permitieron a Rejas mantenerse oculto.