En 2006 se dictó la primera sentencia por delitos calificados de lesa humanidad luego de la anulación de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) en 2003 pero fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró su inconstitucionalidad el 14 de junio del 2005 (fallo Simón) lo que permitió que al día de hoy hayan habido más de 226 sentencias, con más de 915 personas condenadas y otras 144 absueltas, según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“¡Dios mío, cómo olvidar ese día!”, exclamó Taty Almeida al recordar cómo festejó en la puerta de los tribunales de Talcahuano -junto a otros integrantes de organismos de DDHH- al conocerse la noticia.

Del mismo modo, Pietragalla Corti, contó que “en ese momento estaba en Abuelas de Plaza de Mayo, y para todos nosotros fue un sismo. Un hecho histórico que significó el fin de la impunidad y que no tiene magnitud por lo que representó para los procesos judiciales, no sólo en Argentina, sino también en el mundo”.

“Era un pedido histórico de los organismos, ya que Argentina vivía la frustración de tener ese marco de impunidad. Nuestra democracia sufría las consecuencias de esa deuda con la Verdad, la Memoria y la Justicia que generaba problemáticas muy concretas”, recordó.

Por ejemplo, “muchos de los miembros de la fuerzas de seguridad seguían estando en funciones, y familiares de desaparecidos se cruzaban con los genocidas”, agregó el funcionario que vivió en carne propia la desaparición de sus padres y el robo de su identidad hasta que en el 2003 fue restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en el nieto número 75.

Con la emoción de entonces y en el marco de sus funciones actuales como secretario de Derechos Humanos, Pietragalla Corti evocó también que “el fin de la impunidad había sido un reclamo que había asumido (el ex presidente) Néstor (Kirchner)”.

“Luego, cuando se pudo llevar a la práctica, vimos que el poder armar esos juicios tenía una envergadura gigantesca porque permitía condenar a todos los que habían participado de delitos de lesa humanidad, incluyendo también a personal policial y a civiles”, agregó.

“Además, para el poder judicial fue un movimiento muy grande porque después de celebrar ese día, vino el desafío de mucho trabajo para poder llevar adelante la primera condena y los procesamientos. Se tuvo que reconfigurar todo el sistema judicial argentino”, definió.



En tanto, a 15 años del fallo, el funcionario evaluó que “aún hay deudas ya que muchos juicios se dilataron porque eran megacausas, o porque había muchos testigos o muchas horas de audiencia. La verdad es que al principio el proceso fue lento, pero tomó ritmo luego. en los años de Néstor y Cristina”.

“Lamentablemente hubo una pausa con la llegada del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ya que no hay compatibilidad entre neoliberalismo y política de Derechos Humanos y menos con la Memoria, Verdad y Justicia, sumado a que muchos de los que nos gobernaban eran CEOS, o hijos de CEOS que habían sido beneficiados con esa dictadura”, analizó.

“Fue una época de ´deber favores´, digamos, entonces los procesos quedaron truncos, con pocas audiencias, muy pausados y en sintonía con lo que pasaba políticamente, la justicia también viró un poco y comenzó a mirar para otro lado”.

En cambio, “estamos ahora reimpulsando ese proceso de juicios, pese a la interrupción por la pandemia y así y todo tuvimos juicios que estaban avanzados donde se dictaron sentencia por videoconferencia, también hay indagatorias en algunas causas, declaraciones de testigos, y la secretaria está trabajando con la Proculesa para acelerarlos con las herramientas actuales”.

“Además, lo hacemos escuchando a todas las partes porque hay por ejemplo, testigos que quieren declarar en un tribunal con los acusados presentes, así que estamos acompañando las distintas posiciones, en un escenario que no imaginaba nadie”, dijo.

A sus 90 años, Taty Almeida evocó:“¡15 años de aquel día en que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, como me voy a olvidar si las Madres veníamos pidiendo justicia por años!.

“Cuando asumió (el ex presidente, Raúl) Alfonsín, se produjo aquel juicio ejemplar a las Juntas donde se condenó a los genocidas y ahí dijimos ´bueno, al fin´. Empezábamos a respirar otro aire. Pero, lamentablemente, Alfonsín no supo aprovechar el apoyo que tenía no sólo en la Argentina sino internacionalmente, y se dictaron esas leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.

“Fue tremendo, porque después el que siguió como Presidente, que por razones obvias no lo nombro, el iluminado ese (en alusión a Carlos Menem) absolvió a los pocos genocidas que habían sido condenados con el Indulto. ¡¿Se acuerdan que pretendía tirar abajo la Ex Esma para hacer el ´Gran Parque de la Reconciliación`?!”.

“¡Qué reconciliación! ¡Ni olvido ni reconciliación, ni perdón. Cárcel común y perpetua para los genocidas, seguimos exigiendo!. Y ahí, empezamos a pedir nuevamente ´Justicia, Justicia´ y no la logramos con los presidentes que le siguieron, hasta que por fin llegamos al 2003 cuando nuestro otro hijo, como le llamábamos a Néstor, por primera vez se transformó en un presidente que nos escuchó”.

“Otros nos recibian, si, pero no nos escuchaban. Néstor nos escuchó y no sólo eso, sino que tomó los Derechos Humanos como una política de Estado”, recordó orgullosa.

En aquel momento, el mandatario había asegurado que la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes devolvía a los argentinos “la fe en la justicia" porque eran normas que habían “llenado de verguenza” al país.

Almeida continuó: “Así fue como se empezaron a juzgar a lo largo y a lo ancho de la Argentina a los genocidas y lo seguimos haciendo a pesar de los cuatro años de Macri, del negacionismo total, porque gracias a Dios recuperamos un gobierno `Popular`, remarcó”.

No obstante, lamentó que haya que seguir “remando” con la existencia de “jueces, o abogados que quieren dar domiciliaria a los genocidas” y aseguró que los organismos siguen diciendo “no” a esa posibilidad.

“Aunque sean personas mayores, aún estando enfermos, tienen el hospital de Ezeiza donde son atendidos de primera, así que nosotros no claudicamos e insistimos en nuestro reclamo: prisión y cárcel común y perpetua para los genocidas y sus cómplices”.

“Pero claro recuerdo ese día maravilloso que fue posible también gracias a lo que hizo Néstor, lo que continuó Cristina, y lo que ahora sigue nuestro querido Alberto”, definió Almeida.

En tanto, Morales desde el CELS, recordó la reconfiguración política y social que debió atravesar la Argentina para llegar a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes.

“La ley de Punto Final establecía una fecha límite para la realización de juicios, el 23 de febrero del año 1987 con lo que se buscaba limitar los procesos a un día específico pero los organismos de DDHH impulsaron acciones y para el 23 de febrero, ya había 300 militares que estaban siendo acusados”, recordó el abogado.

Luego, se sumó la Ley de Obediencia debida, “que se dio en el marco del levantamiento carapintada, y más tarde le siguieron los indultos dictados por Menem”.

“En ese contexto se organizaron varias acciones, entre ellas una denuncia ante la CIDH y este organismo resuelve que esas leyes son contrarios a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana que hablan del derecho de las víctimas -en este caso también a los familiares de desaparecidos- a las garantías del debido proceso y recursos judiciales activos. Se establece así que el Estado debe buscar la verdad y establecer grados de responsabilidad”, detalló.

“Luego, en 1994 se producen varios debates en el Congreso por el ascenso de militares como (Alfredo) Astiz y (Antonio) Pernía, y en el 95 el CELS pide a la Justicia que solicite a las autoridades militares información sobre desaparecidos. La Cámara reconoce ese derecho a la verdad y solicita al Estado Mayor Conjunto de las FFAA que envíe esa información”, relató.

“Luego en el interior se citaron algunas personas como testigos y se fueron sumando elementos pero el Estado aún no podía establecer responsabilidades. Por lo tanto, se hacían juicios pero no eran como los que conocemos hoy”.

“Recién en el 98 se declara la derogación de las leyes en el Congreso, pero no su anulación. Esto representó un hecho simbólico sumado a que había juicios en tribunales internacionales como en Italia, o en Alemania, que reclamaban la extradición de las personas involucradas, y en ese contexto avanza un litigio por la apropiación de una niña, Claudia Poblete, hija de José Poblete y Gertrudis Hlaczik que habían secuestrados y detenidos en El Olimpo en 1978. Sobre este caso el ex juez Gabriel Cavallo decidió avanzar con la investigación de la apropiación de la niña e imputó a dos conocidos torturadores Julio Héctor Simón alias ´el turco julian´ y Juan Antonio Del Cerro alias ´Colores´”.



“Además la apropiación de bebés no estaba contenida en la Ley de Obediencia Debida con lo cual se presentaba una paradoja. A este contexto se sumaba la reforma constitucional del 94 que incluía tratados de Derechos Humanos con jerarquía internacional. Fue en el 2000 cuando presentamos entonces una acción junto a Abuelas de Plaza de Mayo para pedir en el expediente de la causa del Turco Simón la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.

“Cavallo declaró esa inconstitucionalidad el 6 de marzo del 2001, y ahí se abrió una posibilidad donde otros jueces hicieron lo mismo. Las acciones continuaron y llegaron a la Corte, y fue el 14 de junio del 2005 cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de las dos normas. Más tarde, el 21 de agosto el Congreso declara la anulación”.

Entre las deudas pendientes, desde el CELS destacan la “demora en la constitución de los tribunales, los procesos demasiado largos, y las reticencias de algunos jueces de investigar en instrucción”.

“Además solicitamos mayor eficacia en el contexto de coronavirus”, indicó.

La inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 de dictó en un fallo de 314 páginas y es una de las más importantes en la historia judicial argentina. Estuvo firmada por el entonces presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti mientras que el fallecido Carlos Fayt votó en disidencia y Augusto Belluscio se abstuvo.