“Lo único que pretendo es que este calvario termine de una vez”. Esa es una de las frases que más repite P., la joven que fue abusada sexualmente durante el viaje de egresados. Al repasar el derrotero del expediente judicial se entiende a la perfección por qué se utilizó la palabra “calvario” para definir el proceso que se sigue hace más de nueve años y que podría prescribirse.

El 12 de agosto de 2014, los alumnos de un establecimiento secundario partieron de Monteros a San Carlos de Bariloche en el viaje de egresados. Los estudiantes, en el trayecto, consumieron bebidas alcohólicas mientras escuchaban música y se divertían.

En un momento ella se acostó a dormir en los últimos asientos del micro. Allí, aprovechándose de su situación, fue atacada por tres jóvenes (dos menores y un mayor), cuyos nombres se mantienen en reserva. El abuso se concretó en el interior del micro y duró unos 15 minutos. La adolescente, a través de terceros, se enteró de lo que le habían hecho cuando llegó a la ciudad de Córdoba. Allí comenzó su sufrimiento.

Después del ataque, la víctima avisó al coordinador y a los dos adultos responsables que formaban parte del viaje lo que le había sucedido. “Nadie hizo nada. Me quería volver, pero me dieron como opción que volviera en un micro de una delegación que regresaba a la provincia, pero me negué a hacerlo porque no estaba en condiciones de viajar con desconocidos. Mi madre comenzó a reclamar hasta que consiguió que me mandaran en avión a Tucumán. Habían pasado dos días”, relató la joven que actualmente es docente.

Al regreso a la provincia, la mamá acompañó a su hija a realizar la denuncia, pese a que el ataque se había registrado en Córdoba. A partir de ese momento, su vida terminó transformándose en un infierno. “Lo único que pretendo en estos años es que me traten como una víctima, que me saquen el dedo acusador”, explicó la joven. Durante mucho tiempo ella sufrió lo que bautizó como “bullying” social que incluyó que los acusados usaran una remera con la leyenda “En boca de todos” o que crearan canciones en su contra para humillarla públicamente.

P. estuvo sola en toda esta lucha. Siempre intentó asumir la querella, pero nunca pudo hacerlo. Legalmente, el Ministerio Público Fiscal es el único que puede acusar a menores en las causas. La víctima sólo contó con dos profesionales que la acompañaron en el proceso: primero fue Florencia Pachao Medina y luego, la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís.

A juicio

En agosto de 2016, el juez Mario Velázquez aceptó el pedido realizado por el fiscal Jorge Carrasco para que los tres jóvenes fuesen enjuiciados por abuso sexual con acceso carnal. La resolución del magistrado es un compendio de cuestionamientos:

- Criticó que los coordinadores de la empresa no hayan realizado la denuncia correspondiente en Córdoba para que por lo menos realizaran un dosaje alcohólico a la joven para demostrar que estaba indefensa en el momento del ataque. También señaló que sólo por el pedido de la madre, la víctima guardó las prendas de vestir que tenía puestas en el momento del ataque y que fueron utilizadas como pruebas.

- Cuestionó al defensor de uno de los acusados por la terminología que utilizó en la causa. “¿Qué otra conducta debía haber tomado mi defendido ante la circunstancia de que una femenina atractiva con la cual tenía afinidad, en un viaje de egresados, eufóricos, con las hormonas a gritos, se le abalance previo a besarlo e insistirle para mantener relaciones sexuales? ¿Cuál es lo reprochable de esta conducta?”, se pudo leer en una de las presentaciones que hizo y por la que Velázquez le reprochó.

- Sobre los imputados también señaló: “¿A estos sujetos no les extrañó que la víctima, compañera de su colegio, a la cual conocían desde hace años, se ‘preste’ a mantener relaciones sexuales, con tres personas sucesivamente, en el asiento de un colectivo en el cual iban más de 60 personas (es decir, con ocupación plena), a la vista de todos? ¿Estos sujetos no se preguntaron, aunque sea en algún instante, si el estado de alteración mental en la que se la veía a P, obvio por lo anteriormente señalado, podría significar que en otras circunstancias de tiempo y lugar, la víctima jamás habría consentido ese accionar?”.

- Ya en 2016 el magistrado observó: “basta con dar una somera lectura del presente expediente, para colegir sin dificultad alguna que el consumo del alcohol fue el gran protagonista del presente hecho, configurándose en una tragedia no sólo para la víctima, sino también para los victimarios, sus respectivas familias, para la comunidad educativa, y la sociedad monteriza en su totalidad”.

“Al poco tiempo volví a sentir que se burlaban de mí. No podía creer lo que estaba sucediendo”, dijo la víctima. En 2017, la Cámara de Apelaciones decidió rechazar la elevación a juicio de la causa y sobreseyó a los acusados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en ese mismo año, anuló la sentencia y ordenó que se realizara el juicio porque consideró que sólo en el debate podría resolverse el caso.

La causa estuvo paralizada hasta 2020. Al entrar en vigencia el nuevo código procesal, tal como estipulan las normas, la causa tuvo que adecuarse al nuevo digesto porque estaban acusados menores de edad. En 2021 se cumplió con ese paso procesal, pero en este año surgió la posibilidad de cerrar el caso a través de una solución alternativa, en este caso, una probation.

“No era lo que quería, pero terminaba siendo mejor respuesta a la que podía acceder para que la causa no prescribiera”, explicó P. Ferreyra Asís, la fiscala María Eugenia Posse y los defensores de los acusados, acordaron que los jóvenes deberán realizar un tratamiento psicológico, talleres sobre cuestiones de género, tareas comunitarias, abonar una reparación de $ 1 millón a la víctima por el daño causado y un pedido público de disculpas que se realice en una audiencia.

Este convenio debía haberse tratado el jueves, pero por un error administrativo (no fue notificada una de las partes), la audiencia fue postergada para el miércoles próximo, un día antes de que prescriba la causa. Ese día, la fiscala Posse, con el acompañamiento de la víctima, tendrá que cambiar la imputación a los acusados para que puedan acceder a la probation. Luego, el juez Marcos Núñez Campero definirá si lo avala o no.

Si no lo hace, las partes pueden impugnar la resolución. Fuentes judiciales explicaron que mantendrán el acuerdo hasta esa instancia. “Hubo un acuerdo con las otras partes y, fundamentalmente con la víctima, que vamos a mantener”, explicó. Pero si el tribunal confirma la decisión del magistrado, los jóvenes deberán ser sobreseídos. “Ni siquiera quiero pensar en esa posibilidad. Lo único que quiero es encontrar la paz que merezco por haber sufrido siempre”, finalizó.

Fuente: Gustavo Rodriguez – Diario La Gaceta