Otros cuatro policías de Córdoba fueron detenidos en la causa en la que se investiga el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años que en agosto pasado murió de un balazo cuando circulaba a bordo de un auto junto a unos amigos en la capital de esa provincia, y ya suman 16 los acusados por el caso.
Fuentes judiciales informaron a Télam que del total de imputados por el fiscal José Mana, 13 de ellos son efectivos policiales, lo que demuestra para el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien representa a la familia de la víctima, que hubo una "maniobra de encubrir y desviar la investigación".

El letrado detalló esta tarde a Télam que los nuevos detenidos son los suboficiales Leandro Quevedo y Leonardo Martínez; el oficial Ezequiel Vélez y el agente Emanuel Tolosa; quienes fueron imputados de los delitos de "encubrimiento agravado y falso testimonio".

Según Pérez Moreno, dos de estos efectivos están acusados de ser quienes hicieron circular la falsa versión que indicaba que vieron cuando desde el auto en el que iba Correas junto a sus amigos habían tirado una bolsa con un arma, aunque para los investigadores esta última fue "plantada" por los policías para justificar los disparos contra estos chicos.

Mientras que los otros dos detenidos están acusados de brindar falso testimonio al declarar que dos motociclistas habían manifestado que el grupo de jóvenes había intentado asaltarlos, razón por el cual dispararon contra el auto cuando pasó por el puesto de control policial.

Además de los 13 policías imputados (9 de los cuáles están detenidos) hay 3 empleados de la clínica Aconcagua acusados de haberse negado a atender al adolescente baleado cuando sus amigos lo trasladaron hasta allí para que recibiera asistencia médica.

A dos meses del crimen el expediente continúa bajo secreto de sumario, aunque el abogado de la querella se mostró "conforme" con el avance de la investigación y consideró que todavía "faltan aspectos por aclarecer y más efectivos policiales por responder" sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, el policía Lucas Gómez (35) es el principal sospechoso ya que está imputado del "homicidio calificado, agravado por el uso de armas" de Correas y de la "tentativa de homicidio reiterado en cuatro hechos" en perjuicio de los amigos del adolescente asesinado.

Es que, de acuerdo a los peritajes realizados oficialmente, del arma reglamentaria de este acusado se disparó el proyectil que impactó en la espalda de la víctima y los otros hacia los ocupantes del mismo auto.

Por su parte, el policía Javier Alarcón (31) también habría disparado su arma contra el vehículo, por lo que se le imputan los mismos delitos que a Gómez, quien, a su vez, tiene otra causa por "encubrimiento" a un violador serial.

En ese caso, el efectivo policial habría intentado persuadir a una de las víctimas para que desista de la denuncia.

A dos meses del crimen el expediente continúa bajo secreto de sumario.

En tanto, Alarcón cuenta con dos imputaciones de abril de 2013 en la ciudad cordobesa de Río Segundo por los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "lesiones leves calificadas".

Sobre estos dos efectivos, el abogado Pérez Moreno sostuvo que también "deben responder los responsables que le dieron el arma a estos dos asesinos homicidas que contaban con antecedentes penales graves" sin resolver.

Por su parte, el fiscal Mana ya comenzó con las indagatorias a los nuevos detenidos aunque de manera gradual y en función de los elementos de pruebas que se van incorporando al expediente.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto pasado, cuando Correas se movilizaba en un auto con cinco amigos y habrían evadido un control policial ubicado en avenida Vélez Sarsfield, en el barrio Las Flores, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, los efectivos allí apostados dispararon contra el vehículo y el adolescente, quien iba en la parte trasera del mismo, recibió un balazo que le provocó la muerte minutos después.

A raíz del crimen, familiares, amigos y vecinos de Correas realizaron multitudinarias marchas en reclamo de justicia y contra la violencia institucional.